Promueve la diputada Julia González reforma a Ley de Presupuesto de B.C.

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Establece como obligatoria la presentación de la opinión de Hacienda del Estado en toda petición de modificación presupuestal que se plantee ante el Congreso Local
MEXICALI, B.C., NOV. 14 DE 2026.- La diputada Julia Andrea González Quiroz presentó una iniciativa de reforma al Artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus Municipios, misma que fue turnada a la Comisión del ramo para su estudio.
Su propósito es fortalecer la excepción a la Afirmativa Ficta en las solicitudes de modificación presupuestal que realizan los entes públicos, específicamente cuando no se acompañe de la opinión de la Secretaría de Hacienda la estimación del impacto presupuestario que determine su viabilidad financiera, por lo que, en primer término, la inicialista propone incorporar que el plazo para la resolución de la solicitud de modificación presupuestal quede en suspenso, hasta en tanto sea entregada dicha opinión.
Con ello, se garantiza el conocimiento, estudio y dictamen de la solicitud por parte del Congreso del Estado, toda vez que una vez recibida la opinión correrán los términos de ley para el cumplimiento del proceso legislativo.
Además, se propone establecer que la Comisión competente del Congreso del Estado, deseche la solicitud que no se acompañe de la citada opinión, una vez transcurridos los 30 días siguientes a la recepción de esta.
Con ello, se otorga este plazo al ente público para presentar dicha opinión, que se estima oportuno, toda vez que es el mismo tiempo que tiene el órgano legislativo para otorgar la respuesta correspondiente.
De igual forma, se da la atribución a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de desechar la solicitud cuando no se acompañe de la opinión en comento, lo cual se encuentra acorde con lo ya dispuesto en un artículo de la propia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria local, lo que también garantiza que haya una conclusión del proceso legislativo.
La Ley objeto de esta reforma es de reciente creación. Fue aprobada para consolidar finanzas públicas sostenibles, así como un uso responsable de los recursos públicos, fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia, entre otros aspectos considerados de gran importancia para el desarrollo del Estado.
Por ello, destacó la inicialista, resulta importante continuar con el estudio de ese cuerpo normativo, para mantenerlo permanentemente actualizado a los requerimientos de los Entes Públicos y del propio Congreso del Estado, a efecto de que su propósito continue vigente durante el devenir del tiempo.




