Exige CCE de BC «legalidad» en el cobro de rezagos en agua y drenaje

Comunicado de Prensa

TIJUANA, B.C.- Los cobros por los derechos de agua que realiza el gobierno del Estado deben de realizarse de manera legal y apegados a derecho, coincidieron organismos que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Baja California.

A través de una conferencia de prensa virtual, en la que participaron Gabriel Camarena Salinas, presidente del Comité Técnico Estatal de los CCE’s del Estado y Presidente del CCE Tijuana; Rodrigo LLantada Avila, Presidente del CCE Mexicali;  Sergio Guevara, Vice Presidente del CCE Ensenada, y Adolfo Solis Farías, abogado fiscalista, se solicitó se apliquen reglas claras en los cobros del agua a través de los mecanismos adecuados para que los deudores cumplan.

Camarena Salinas manifestó que la petición que se hace al gobierno del Estado y a Fisamex, la empresa contratada para auditar a las empresas, es que los cobros de adeudos se hagan apegados a la ley y se realicen con el tiempo que les permita preparar sus pagos o defensas.

Expresó que la forma de conducirse del organismo del agua ha sido muy coercitiva en cada uno de los municipios del estado, por lo que se solicita cordura, y que si se detectan adeudos, estos se hagan apegados a la ley.

Por su parte, Sergio Guevara refirió que en el caso de Ensenada, se han dictaminado 150 empresas, a muchas de las cuales se les han hecho cobros de servicios que no se prestan y a las que no se les da oportunidad de aclaraciones y se les suspende el suministro si no hacen los pagos.

El presidente del CCE de Mexicali, Rodrigo Llantada, destacó que el sector empresarial no elude las responsabilidades y se pronuncia porque se establezcan criterios y mecanismos de pagos que permitan que no se vean afectadas las inversiones nacionales y extranjeras.

En opinión de Adolfo Solís, el tema del agua representa el estado de derecho y la estabilidad en Baja California y que con él se puede generar el crecimiento o el decrecimiento de las empresas.

«Se ha encomendado una cobranza que se salió fuera de los marcos legales a través de Fisamex, y que expone públicamente a las empresas, afectando su credibilidad.

El mecanismo que se está haciendo para hacer los cobros es un delito que se gesta a nivel federal en el artículo 208 del Código Penal Federal y se tendrán que presentar acciones legales por parte de las 450 empresas víctimas de este mecanismo ilegal», comentó.

Mencionó que por la violación al estado de derecho que en el Estado hay a causa de los cobros hechos fuera del marco legal, las empresas pueden solicitar la devolución de sus pagos en Tribunales, y la Hacienda Pública tendrá que regresar todo el dinero cobrado.

Hizo alusión a que las acciones legales para solicitar la devolución de los cobros pueden realizarse por parte de las empresas tanto de manera colectiva como individual

Finalmente Gabriel Camarena, dijo que el 2021 será un año retador para las empresas y que hay una perspectiva económica incierta y con expectativas de crecimiento bajas por lo que sobre todo las micro y pequeñas empresas deberán recibir mayores apoyos de los gobiernos.