Exigen desde el Congreso acciones urgentes en prevención de delitos
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Se aprueba propuesta de la diputada Daylín García para solicitar a la Presidencia de la República la creación de un fondo específico con esos fines, destinado exclusivamente a los municipios; igualmente, exhorta a los Ayuntamientos de BC a etiquetar recursos con ese objetivo
MEXICALI, B.C., AGOSTO 22 DE 2025.- En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó un exhorto para atender el abandono institucional en materia de seguridad pública.
En su exposición, la legisladora señaló que desde la desaparición de los fondos federales SUBSEMUN y FORTASEG en 2021, los municipios han quedado sin mecanismos directos para ejecutar estrategias de prevención del delito, dejando desprotegidas a las comunidades más vulnerables.
Subrayó que Baja California ocupa el segundo lugar nacional en homicidios. “Las cifras son alarmantes: más de 900 asesinatos en lo que va del año, esto no lo merece la gente de nuestro estado, la gente merece salir sin miedo”, expresó con firmeza.
La diputada Daylín García reconoció que el Gobierno Federal implementó recientemente un Fondo para el Fortalecimiento Institucional de Seguridad Pública, pero que, sin embargo, este se transfiere directamente al Estado y no garantiza la atención de estrategias municipales de prevención, mucho menos con enfoque territorial y participativo.
“Las policías municipales son nuestra primera línea de acción, son nuestros primeros respondientes; hoy no cuentan con lo necesario para cumplir su labor, y así difícilmente podrán implementar para patrullaje de proximidad redes comunitarias, recuperación de espacios públicos, prevención escolar o atención a jóvenes en situación de riesgo” reiteró la legisladora.
Por ello, el exhorto, que mereció el respaldo de la XXV Legislatura, está dirigido a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así como a las dependencias federales correspondientes, a fin de que se diseñe, cree y asigne un Fondo Nacional de Prevención del Delito para los municipios, con reglas claras, criterios objetivos basados en la incidencia delictiva y la marginación social, así como mecanismos de evaluación ciudadana.
Asimismo, se requiere a los presidentes y presidentas municipales de Baja California a que etiqueten recursos específicos dentro de sus presupuestos, destinados a programas de prevención, como el patrullaje de proximidad, la recuperación de espacios públicos, redes vecinales, atención escolar y juvenil, iluminación segura y campañas comunitarias.
