Se aprueba reforma para inhibir la violencia contra adultos mayores

• El Pleno del Congreso del Estado dio voto unánime a iniciativa promovida por la diputada Araceli Geraldo en su sesión ordinaria de este jueves

TIJUANA, B.C., MARZO 27 DE 2025.- En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad el dictamen número 6 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Adultos Mayores y Discapacidad, respecto a iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California.

La iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, tiene el objetivo de prever y definir diversos tipos de violencia en contra de las personas adultas mayores, incluyendo conceptos de conformidad a la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La medida legislativa expone la necesidad de priorizar el tema del envejecimiento en las políticas públicas, con el establecimiento de diversas instituciones jurídicas que protejan a las personas adultas mayores, así como prever los conceptos de envejecimiento, envejecimiento activo y saludable y de vejez (artículo 6). Siendo obligación de la Secretaría de Salud, realizar acciones de prevención que induzcan a la sociedad a conocer y tomar las medidas pertinentes para acceder a un envejecimiento activo y saludable.

En ese sentido, la Comisión dictaminadora informó que la propuesta legislativa tiene bases y soportes constitucionales previstos en los artículos 39, 40, 41, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 4, 5, 7 y 11 de la Constitución Política local.

Asimismo, este órgano legislativo coincide con el diagnóstico y propuesta de la inicialista, la diputada Araceli Geraldo, en virtud de que su objetivo central es tutelar, entre otros, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, a la inclusión, a la integridad personal, a la salud y a la seguridad social, los cuales encuentran sus bases y criterios generales debidamente positivizados.