Define CongresoBC la obligatoriedad de FGE de presentar informe anual
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Deberá hacerse por escrito e incluir también el aspecto financiero, establece la reforma que promovió la diputada Araceli Geraldo
MEXICALI, B.C., FEB. 01 DE 2025.- En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen número 17 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California en lo relacionado al informe anual sobre el estado que guarda la institución, incluyendo el aspecto financiero, que deberá rendir ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado.
La propuesta de reforma en mención fue presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, e incluye también la inclusión del lenguaje incluyente en el contenido de la misma norma.
Se estableció que en materia de rendición de cuentas, la intención legislativa es reformar la fracción VIII del artículo 14, para precisar la obligación del o la Fiscal de rendir anualmente un informe de actividades por escrito, a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado.
Además de que deberá dar cuenta de la marcha de la Fiscalía y de las gestiones realizadas, incluyendo los asuntos relevantes en procuración de justicia, el estado financiero de la institución y demás temas relevantes para la Fiscalía.
En ese sentido, establece también que el o la Fiscal deberá comparecer ante el Congreso del Estado cuando sea citado o citada para la glosa del informe anual.
Con estas bases, indicó la legisladora Geraldo Núñez, se busca fortalecer lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución local para precisar el contenido mínimo que debe cumplir el informe de actividades y destaca los aspectos financieros de la institución, con la idea de que las autoridades revisoras y ciudadanía interesada puedan conocer y cuestionar el uso adecuado de los recursos públicos.
Con base en lo anterior, se puntualizó que la propuesta legislativa tiene bases y soportes constitucionales, resulta acorde a derecho, no se contrapone con ninguna disposición de orden federal o local, no contravienen el interés público y es jurídicamente procedente.