Proponen reforma para obligar a reponer vialidades dañadas por obras

• La propuesta de la diputada Mayola Gaona es para que se modifique la Ley de Edificaciones para el Estado y que los reglamentos municipales establezcan con precisión los tiempos y las formas para que instituciones públicas y privadas cumplan con su obligación cuando intervengan vía pública

MEXICALI, B.C., OCT. 07 DE 2026.- La ciudadanía de Baja California tiene derecho a recibir servicios de calidad y transitar por calles y banquetas seguras, funcionales y accesibles, advirtió la diputada María Yolanda Gaona Medina, al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Edificaciones para el Estado mediante la que se establecerá la obligación tanto a instituciones de gobierno como a empresas privadas, de reparar vialidades y zonas que se dañen por fallas o mantenimiento de infraestructura urbana.

La legisladora señaló que el crecimiento de los servicios públicos no puede seguir pagándose con el deterioro permanente de los espacios que pertenecen a todas las personas y subrayó que su propuesta de reforma es para que se mantenga una estrecha vigilancia en materia de autorización, supervisión y restitución de la vía pública intervenida por obras e instalaciones.

Precisó que su objeto es que se mantengan en buen estado las áreas públicas, en específico la vía pública, en zonas donde se realizaron trabajos de reparación o instalación de servicios públicos por particulares o el propio gobierno.

La Ley que se pretende reformar, ya ordena que los reglamentos municipales garanticen la conservación y recuperación de la vía pública, y ya faculta a los ayuntamientos para otorgar licencias de instalaciones en ella.
Pero, lo que la Ley no dice, es qué debe contener esa licencia; en qué plazo tiene que repararse lo que se dañó; quién verifica que haya quedado bien hecho, ni qué consecuencia acarrea no hacerlo. El mandato existe en el papel y carece de los instrumentos que permitirían exigirlo, indicó la diputada Mayola Gaona.

Señaló que en Baja California, la materia vive únicamente en reglamentos municipales de contenido desigual, de modo que una misma empresa enfrenta exigencias distintas según el municipio en el que decida excavar.

Con esta reforma, el impacto esperado es que ninguna obra que intervenga la vía pública podrá tenerse por concluida mientras la superficie afectada no haya sido reparada o restituida y así lo acredite un acta de recepción emitida por la autoridad municipal.

Los ayuntamientos recuperarán capacidad de exigir la reparación sin litigios prolongados, porque contarán con un título de cobro y con la posibilidad de ejecutar los trabajos por cuenta del obligado.
Así mismo, los recursos públicos hoy destinados a reparar daños ajenos, podrán reorientarse a pavimentar las colonias que nunca han contado con pavimento, y las empresas responsables que son mayoría y que hoy compiten en desventaja frente a quien ahorra incumpliendo, operarán bajo reglas iguales en los siete municipios del Estado.