Pretenden liberar servicio social con donación altruista de sangre

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La diputada Gloria Miramontes presenta una iniciativa de reforma con ese propósito en el Congreso de BC
MEXICALI, B.C., MAR. 30 DE 2026.- Uno de los principales desafíos en materia de salud pública es el abastecimiento suficiente de sangre segura para transfusión, pero la donación voluntaria y altruista en México ha sido históricamente limitada, señaló la diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas, al proponer una reforma que permita liberar el servicio social de estudiantes, mediante la donación voluntaria de sangre.
La legisladora comentó que, durante años, más del 90 por ciento de las donaciones han sido de reposición, es decir, realizadas por familiares o conocidos del paciente.
Al abundar en su exposición de motivos de su iniciativa de reforma la Ley de Ejercicio de las Profesiones de Baja California, la diputada Miramontes Plantillas indicó que los estándares internacionales recomiendan que el suministro provenga mayoritariamente de donaciones voluntarias, periódicas y no remuneradas, al ser estas más seguras, sostenibles y socialmente responsables.
La donación de sangre es un acto de solidaridad humana que salva vidas, y de acuerdo con organismos internacionales de salud, una sola donación puede salvar hasta tres vidas, ya que la sangre extraída se separa en componentes que pueden destinarse a distintos pacientes con necesidades específicas.
En razón de lo anterior propone que en la mencionada norma, quede inscrito que «el servicio social profesional se prestará en comunidades de escasos recursos, en instituciones públicas o privadas, en asociaciones de profesionistas o en asociaciones civiles que tengan por objeto el cuidado y protección del medio ambiente, o el apoyo y asistencia a la comunidad a través de asesorías, consultas, aportación de datos, ejecución de actos propios de su profesión. Asimismo, podrá liberarse total o parcialmente mediante la donación voluntaria, altruista y comprobable de sangre, realizada ante instituciones del sector salud públicas o privadas legalmente autorizadas, en los términos y bajo los lineamientos que establezcan las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Además, se fomentará que el servicio social que se lleve a cabo en el Estado, sea inclusivo con las personas que presenten alguna condición de discapacidad o alguna situación de vulnerabilidad.




