Autorizan aumento a presupuesto del Poder Judicial del Estado
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Será para proseguir con la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y para incrementar los salarios de los médicos legistas de BC
MEXICALI, B.C., JULIO 03 DE 2026.- El Congreso del Estado aprobó tres Dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con los que se resolvieron de manera favorable igual número de solicitudes de ampliación y trasferencia de recursos al presupuesto de egresos 2026 del Poder Judicial del Estado, para dar lugar a la continuidad en el proceso de aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en Baja California.
Esto ocurrió en la sesión ordinaria donde se aprobó por veinte votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Dictamen No. 137, por lo que a partir del 17 de agosto de 2026 se dará cumplimiento al inicio a la aplicación del referido Código, precisamente al ampliarse una partida presupuestal de para arrendamiento de edificios y locales.
De igual forma, las diputaciones avalaron por diecinueve votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Dictamen No. 138 de la solicitud de transferencia de partidas presupuestales del citado Presupuesto de Egresos, con el objeto de ampliar las partidas para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina necesario para el inicio de operaciones de las Salas Segunda y Cuarta Instancia que se instalarán en la Ciudad de Rosarito.
Posteriormente, se aprobó en el mismo sentido que el anterior, el Dictamen No. 139 con respecto a la solicitud de ampliación de partidas presupuestales del presupuesto de egresos, cuyo objeto es dar incremento salarial a 36 médicos legistas que forman parte del Poder Judicial, con el fin de reconocer la complejidad, responsabilidad y trascendencia social de las funciones legistas.
Las funciones se refieren a las prácticas de necropsias médico- legales; emisión de dictámenes periciales; elaboración de protocolos de Estambul para la investigación de posibles actos de tortura; valoración de personas presuntamente incapaces; intervenciones periciales sustentadas en principios científicos, médicos y jurídicos.
