Castigará BC con cárcel la cohabitación forzada
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Aprueba el Pleno del Congreso reformas promovidas por la Red de Mujeres Unidas por Baja California y por la diputada Michel Sánchez y el diputado Jaime Cantón; sancionarán con penas de 8 a 15 añosa quienes cometan ese delito
MEXICALI, B.C., MAR. 26 DE 2026.- Por unanimidad de votos, el Congreso del Estado de Baja California aprobó las iniciativas de reforma y adición al Código Penal estatal, para tipificar como delito la cohabitación forzada de personas.
Se trata de iniciativas presentadas por la Red de Mujeres Unidas por Baja California A.C, la diputada Michel Sánchez Allende y el diputado Jaime Cantón Rocha, por las que buscan fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables, a través de la visibilización de prácticas que si bien son socialmente percibidas como “normales” o “tradiciones”, en realidad constituyen actos de violencia o explotación.
Durante la sesión celebrada este jueves por la XXV Legislatura, el Pleno reconoció que, aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, persisten uniones informales que reproducen condiciones de desigualdad, control y violencia, afectando el desarrollo integral y el proyecto de vida de las víctimas.
La reforma incorpora un nuevo capítulo al Código Penal estatal, para establecer sanciones específicas a quienes cometan el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, establece penas de ocho a quince años de prisión, así como sanciones económicas a quienes incurran en este delito, mismas que se incrementarán en casos donde exista parentesco entre la víctima y el agresor, así como cuando se trate de personas pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas.
La creación de este tipo penal fortalece el principio del interés superior de la niñez y armoniza la legislación local con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos.
Las y los legisladores destacaron que esta reforma también permite cerrar vacíos legales, al reconocer que estas prácticas no siempre implican violencia física inmediata, sino que se configuran mediante procesos de manipulación, coerción o presión sostenida en el tiempo.
