Se aprueba en Comisión reforma contra el «halconeo»

• La modificación al Código Penal establece castigo de tres a ocho años de prisión por colocación de cámaras en la vía pública con fines delictivos; cámaras de domicilios y negocios, fuera de esta disposición

MEXICALI, B.C., AGOSTO 27 DE 2025.- Por unanimidad de los diputados que integran la Comisión de Justicia, se aprobó el proyecto de dictamen número 10, que contiene una reforma al Código Penal promovida por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, para castigar con penas de tres a ocho años de prisión el llamado «halconeo», particularmente la colocación y uso de cámaras de videovigilancia en la vía pública con fines delictivos.

Así mismo, durante la sesión que encabezó la diputada Angélica Peñaloza, presidenta de la citada comisión de trabajo legislativo, se integró a dicho dictamen el contenido de una iniciativa presentada por el diputado Jorge Ramos Hernández, por coincidir en la misma visión en materia de seguridad.

Se dejó en claro que las cámaras que se instalen en domicilios particulares, comercios, distintos negocios e industrias, se mantendrán sin problema legal alguno. El objetivo de la reforma es combatir la delincuencia en todas sus modalidades, pero se dejan a salvo derechos humanos y garantías individuales.

La reforma aprobada a nivel de comisión será turnada a votación general de pleno, donde se anticipa que tendrá el voto aprobatorio de la mayoría de la XX Legislatura, y, tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado, pueda entrar en vigor en forma integral.

Los diputados de la Comisión de Justicia que votaron a favor de la reforma y que expresaron su apoyo y destacaron las ideas y propuestas de avanzada de la inicialista Marina del Pilar en materia de seguridad a favor de los bajacalifornianos, fueron Norma Angélica Peñaloza Escobedo, Presidenta; Adrián Humberto Valle Ballesteros, Diego Echevarría Ibarra, Araceli Geraldo Núñez, Juan Manuel Molina García y Ramón Vázquez Valadez.

Tanto Molina García como Geraldo Núñez como Ramos Hernández reiteraron que el uso de cámaras en domicilios particulares y negocios no serán tocadas, ni constituyen un delito.

La reforma también contempla agravantes que podrían aumentar la pena hasta en una mitad, como el uso de menores de edad, la participación de servidores públicos o el empleo de vehículos que simulen ser oficiales. Además, se sancionará la intervención o alteración de sistemas de videovigilancia pública, así como la posesión de equipos que interfieran comunicaciones oficiales.