Piden priorizar accesibilidad en infraestructura pública
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El Congreso Local aprueba propuesta de la diputada Michelle Tejeda para exhortar a los Ayuntamientos a prever ese tipo de acciones en sus presupuestos para el próximo año
MEXICALI, B.C., JULIO 06 DE 2025.- El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la proposición presentada por la diputada Michelle Tejeda, para enviar exhorto a los Ayuntamientos de Baja California con el fin de que consideren en su presupuesto de egresos 2026, una partida específica para adecuar espacios públicos bajo principios de accesibilidad universal, a fin de garantizar su uso pleno a todas las personas, sin distinción de condición física, sensorial o cognitiva.
“Esta iniciativa legislativa busca atender de manera urgente una problemática persistente: la falta de condiciones dignas en espacios públicos para personas con discapacidad”, reiteró la legisladora del primer distrito local electoral y quien preside actualmente la mesa directiva del Congreso.
Destacó que en Baja California, más de doscientas cuarenta mil personas viven con alguna discapacidad, lo que representa al menos el 6.4% de la población. Mujeres, hombres, niñas y niños enfrentan diariamente obstáculos que muchos no perciben, pero que limitan su derecho a moverse, participar y disfrutar plenamente del espacio público, apuntó.
Comentó que según datos del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), más del 85% de las manzanas en municipios como Tijuana, Ensenada y Tecate, no cuentan con rampas para sillas de ruedas; en San Quintín, esta carencia alcanza el 91.7%. Estas cifras revelan un rezago estructural que limita el ejercicio pleno de derechos como la educación, la salud, la cultura y el esparcimiento, y refuerza la exclusión social, señaló.
La diputada Michelle Tejeda reconoció que existen avances en algunos municipios, como parques infantiles y accesos incluyentes a playas, lo que demuestra que sí se puede avanzar hacia una infraestructura pública accesible e inclusiva.
Sin embargo, subrayó la necesidad de que estas acciones dejen de ser excepcionales y convertirse en una política constante, respaldada con presupuesto.
“La accesibilidad no es un privilegio, sino una condición mínima para ejercer la ciudadanía con dignidad; no debe entenderse como un favor, sino como una obligación legal, ética y social, y desde este Congreso podemos dar un paso firme para que ninguna persona sea excluida del espacio que le pertenece: el espacio público”, remarcó la congresista.
