Fijarán en ley obligación de reparar vialidades dañadas después de obras

• La medida aplicaría tanto para particulares como para entes de gobierno, de prosperar una iniciativa de reforma del diputado Diego Echevarría

MEXICALI, B.C., NOV. 29 DE 2024.- Con el objetivo de establecer la obligación de reparar los daños a la vía pública, como guarniciones, banquetas o pavimento, ocasionados por particulares o entidades de gobierno, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó ante el Congreso Local una iniciativa de reforma a la Ley de Edificaciones del Estado.

El legislador del Grupo Parlamentario del PAN explicó que en el contexto urbano de Baja California, la proliferación de baches y zanjas en el pavimento es un desafío persistente que afecta directamente la calidad de vida de sus residentes.

“Este problema, lejos de ser fortuito, está estrechamente vinculado, entre otras cosas, a las obras ejecutadas por diversas autoridades, en particular, por los organismos operadores de agua y las propias direcciones de servicios y obras públicas de los municipios”, señaló el diputado.

Advirtió que la apertura de tramos considerables de pavimento durante estas intervenciones, sin la subsiguiente restauración, expone a los ciudadanos a una serie de inconvenientes y riesgos significativos.

Diego Echevarría afirmó que esta situación deteriora la calidad de vida de los residentes, generando incomodidades al transitar por calles en condiciones precarias, afectando sus ocupaciones diarias, además de que una inadecuada pavimentación provoca partículas de polvo que afectan la calidad del aire.

La cuestión central que merece una acción legislativa, apuntó, es la necesidad de que la responsabilidad de reparar el pavimento y demás infraestructura se convierta en una obligación legal, a fin de evitar que la comunidad quede vulnerable ante futuros problemas de infraestructura.

“La legalización de esta responsabilidad implicaría que la reparación del pavimento afectado por los particulares o las intervenciones de las distintas autoridades en el Estado, no sea simplemente un acto voluntario, sino una obligación legalmente vinculante”, estableció el legislador, al fundamentar su iniciativa de reforma, misma que fue turnada a la comisión correspondiente para su revisión y dictamen.