Agravan sanción por autorizar construcciones en zonas peligrosas

• El Congreso de BC aprueba cambios a Ley de Responsabilidades a propuesta del diputado Ramón Vázquez

MEXICALI, B.C., JULIO 25 DE 2023.- Con el objeto de establecer como falta administrativa grave para el servidor público que expida permisos para realizar cualquier tipo de construcción, urbanización o asentamientos humanos, sin observar o contraviniendo el Atlas de Riesgos, las y los diputados aprobaron la modificación a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado.

El legislador Ramón Vázquez Valadez, quien es el autor de la iniciativa, justificó su petición en el lamentable suceso que vivieron familias y residentes de Tijuana de las Colonias Camino Verde, Sánchez Taboada y Rubí, en donde no se tomaron en cuenta los planes, programas y el orden que debe prevalecer en el desarrollo urbano de las ciudades, lo que provocó un impacto en la seguridad y el patrimonio de los habitantes.

Agregó que el sistema de responsabilidades debe endurecerse contra los servidores públicos que han causado tanto dolor y daño, ya que las actuales figuras de responsabilidad grave no contemplan un supuesto así de claro y objetivo, por lo que es necesaria la reforma para inhibir estos vicios.

Correspondió al diputado Sergio Moctezuma Martínez López, en calidad de presidente de las Comisiones Unidas de Justicia y de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, dar lectura al dictamen 01, derivado de los trabajos que se analizaron por las y los integrantes de las comisiones conjuntas.

De esta manera se aprobó por el Pleno el dictamen con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, para adicionar el artículo 63 BIS a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, cuya sanción va de la suspensión a la destitución del empleo, cargo o comisión, así como sanción económica e inhabilitación.

Además, también se aprueba la armonización de los artículos 4, 5, 9, 15, 20, 21, 24, 35, 46, 48, 54, 69 y 75, de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California conforme a las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de actualizar ordenamientos que aparecían ya sin vigor en el dicho texto legal, y vincularlos de forma correcta con otras leyes complementarias, favoreciendo al principio de certeza jurídica.