Legislan para crear programa «Mochila Segura» en escuelas

• Iniciativa de Araceli Geraldo busca dar sustento y contenido formal a los programas de seguridad escolar, con pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes

MEXICALI,B.C., SEPT. 07 DE 2022.- La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa para reformar los artículos 73, 74 y adicionar el artículo 75 BIS de la Ley de Educación del Estado de Baja California, con el objetivo de dar mayor seguridad escolar mediante el operativo “Mochila Segura”, pero estableciendo los protocolos y debidos procedimientos legales, bajo la coordinación de instituciones educativas, órganos de gobierno y la comunidad de padres de familia.

Explicó que el clima social que se vive en los centros escolares, es el resultado del conjunto de interacciones, vivencias, aspectos estructurales, emocionales y motivacionales que influyen en el estudiante.

Sin embargo, dijo, se considera que el papel de quienes se dedican a la educación, puede influir en gran medida a prevenir actos como los que han venido sucediendo en el Estado (introducción de sustancias prohibidas y hasta armas, a las escuelas), así como a prevenir futuros acontecimientos, en coordinación con autoridades de gobierno relacionadas a la educación y a la seguridad pública.

La diputada Araceli Geraldo comentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró este programa como violatorio de derechos fundamentales, mientras no se lleve a cabo bajo un esquema legislado y conforme a protocolos previamente establecidos, por lo que subrayó que es necesario llevar a cabo una legislación apegada a la Constitución General de la República, para dar sustento y contenido formal a los programas de seguridad escolar, siempre y cuando en los respectivos ordenamientos se observe pleno respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Al mismo tiempo, la legisladora tijuanense aclaró que a pesar de que en la actualidad no existe una legislación clara y precisa relativa al operativo “Mochila Segura” y cómo se debe desarrollar este procedimiento, no imposibilita a las autoridades para que, cuando adviertan un riesgo inminente de consumación de un delito, puedan intervenir, ya sea para erradicarlo o para prevenirlo, por lo que indicó que, como legisladores, «vemos que es necesario no dejar este tema en el olvido de una resolución judicial”.