Promueven reforma para impedir extorsiones en cobro de agua
Como lo hizo Fisamex en los tiempos de Bonilla
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La propuesta fue presentada por los diputados de Acción Nacional ante el Congreso Local
MEXICALI, B.C., NOV. 14 DE 2021.- Los diputados del Grupo Parlamentario del PAN presentaron una propuesta de reforma para que no se repitan las persecuciones, amenazas y extorsiones en el cobro del agua que denunciaron los empresarios e industriales por parte de empresas como Fisamex, que realizó ese tipo de acciones en la administración estatal de Jaime Bonilla.
Los legisladores precisaron que las denuncias y demandas de amparo podrían generar que el Gobierno del Estado tenga que regresar más de mil 200 millones de pesos por cobros irregulares, y que sería en perjuicio de las finanzas de la administración pública.
Por eso, los diputados de Acción Nacional, Alejandrina Corral, Amintha Briceño y Diego Echevarría Ibarra, presentaron la iniciativa de reforma a la Ley que Regula el Servicio de Agua Potable en Baja California.
La iniciativa propone modificar el numeral 96 que actualmente permite que por una auditoría se pueda clausurar una empresa o industria como medida coactiva y represiva de cobro del agua; sin embargo, sí debe de haber sanciones ante el incumplimiento, por ello se mantiene la medida de suspensión del servicio después que se adeuden por lo menos tres meses del servicio, tratándose de usuarios no domésticos, al considerar que el agua es fundamental y se debe de pagar.
También se reforma la ley para que el trato sea igual entre usuarios domésticos y no domésticos y se puedan hacer cálculos de cobros por servicio de agua no enterados o no registrados de hasta 5 años anteriores y no de diez, como estipula actualmente la ley, en perjuicio de estos últimos.
La propuesta surgió porque en marzo del año pasado, el ahora ex gobernador Jaime Bonilla contrató a la empresa Romafam S.A de C.V,, conocida como Fisamex, para realizar auditorías por supuestos adeudos en el servicio del agua, y durante el tiempo en función, recaudó mil 812 millones de pesos, según el último reporte del 29 de septiembre del 2021.
Esas acciones, causaron una serie de denuncias penales, demandas y amparos ante tribunales federales en contra de la empresa y del propio Gobierno del Estado, por señalar presuntas amenazas, peculado y extorsión, al exigir los pagos amagando con suspender o clausurar el negocio.
Además, la ley les permitía clausurar una empresa sin el derecho de defensa y presentación de pruebas, lo que generó incertidumbre en el estado de derecho y certeza jurídica, dejando al usuario en indefensión, todo eso en perjuicio de los bajacalifornianos.
La iniciativa de reforma fue presentada por los legisladores acompañados por dirigente estatal del PAN, a través de Oficialía de Partes del Poder Legislativo.
