Aprueba Congreso despenalización del aborto voluntario en BC

• Alcanzan mayoría para las reformas al Código Penal, Ley de Víctimas y Ley de Salud Pública del Estado

MEXICALI, B.C., OCT. 29 DE 2021.- El Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos reformas a las leyes secundarias con las que despenalizan la interrupción voluntaria del embarazo, aunque la votación de los diputados asistentes a los trabajos, no alcanzó para llevar a cabo la modificación constitucional que también se perseguía.

Esto ocurrió en sesión extraordinaria de Pleno celebrada este sábado en la modalidad de teleconferencia, misma que fue encabezada por el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la mesa directiva, con la presencia de un total de 23 de los 25 diputados que integran la XXIV Legislatura de Baja California.

Correspondió  a la diputada Liliana Michel Sánchez Allende -una de las inicialistas-, darle lectura al Dictamen 4 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal, la Ley de Víctimas y la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California, que propusieron también las diputadas María de Rocío Adame Muñoz, Alejandra María Ang Hernández, Dunnia Monserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz y el diputado Molina García, desde el pasado 20 de septiembre.

Los objetivos de las reformas a dichas leyes, según este Dictamen, son los siguientes: Establecer nuevos elementos para la configuración del tipo penal de aborto, así como modificar la penalidad del mismo ilícito; Brindar a las víctimas de delitos sexuales servicios médicos, entre ellos exámenes, tratamientos especializados que requiera, anticoncepción de emergencia e interrupción del embarazo, con absoluto respeto a sus derechos humanos; así como establecer las bases jurídicas generales para la implementación de políticas públicas en materia de interrupción del embarazo, dentro del Sistema Estatal de Salud.

La Iniciativa consiste en una reforma a los artículos 132, 133, 134, 135 y 136 del Código Penal; una reforma a los artículos 30 y 33 de la Ley de Víctimas y una reforma al artículo 26 que consiste en la adición de una Sección XV al Capítulo Cuarto, denominada de la interrupción legal del embarazo, así como la  adición de los numerales 50 Nonies y 50 Decies de la Ley de Salud Pública, todas para el Estado de Baja California, siendo aprobada por quince votos a favor, siete en contra y una abstención. El diputado Román Cota presentó tres reservas en lo particular, pero no fueron aprobadas por el Pleno.

Las diputadas y los diputados que se manifestaron en contra a través de su voto, fueron los siguientes:  Claudia Josefina Agatón Muñiz, Marco Antonio Blásquez, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, Alejandrina Corral Quintero, Juan Diego Echevarría Ibarra, María Monserrat Rodríguez Lorenzo y Manuel Peña Chávez. En abstención votó el diputado Víctor Hugo Navarro Gutierrez.

Con respecto al Dictamen 3 con el que se buscaba la reforma al Artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, presentada también por los citados diputados inicialistas en la fecha señalada, fue leído en esta sesión por la diputada Julia Andrea González y se declaró no aprobado, por catorce votos a favor, nueve en contra y cero abstenciones, luego de un amplio debate parlamentario. Para su aprobación se requería la mayoría calificada, que en este caso deberían haber sido 17 votos.

Votaron en contra del Dictamen 3, las diputadas y diputados Claudia Josefina Agatón Muñiz, Marco Antonio Blásquez, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, Alejandrina Corral Quintero, Román Cota Muñoz, Juan Diego Echevarría Ibarra, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, María Monserrat Rodríguez Lorenzo y Miguel Peña Chávez.

El objeto de esta iniciativa de reforma, era suprimir del texto constitucional, la porción normativa que tutela el derecho a la vida, desde el momento de la concepción y que desde ese momento se reputa como nacido para todos los efectos legales.

Cabe mencionar que el diputado Juan Manuel Molina García, indicó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que los Congresos de los Estados no pueden regular el concepto de “persona” o inicio de la vida, y por lo tanto declaró inconstitucionales las Cartas Estatales similares a las de Baja California.