Exigen revisar concesión de verificación ambiental vehicular
Ni debe tenerlo el Estado, ni debe tener carácter recaudatorio
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El diputado Juan M. Molina dice que deben intervenir el Congreso y los Ayuntamientos de BC
MEXICALI, B.C., AGOSTO 10 DE 2021.- A juicio del diputado Juan Manuel Molina García, tanto el Congreso del Estado como los Ayuntamientos deben someter a revisión el esquema de concesión de la verificación ambiental vehicular que hizo el Gobierno del Estado, ya que no debe operar como un programa que tenga únicamente fines recaudatorios y mucho menos otorgarlo para que sea un servicio que presten particulares, cuando deben corresponder a los gobiernos municipales y hacerse de manera directa.
El presidente de la mesa directiva de la XXIV Legislatura local aclaró que su postura ha sido similar desde que se creó la ley de la materia, hace poco más de diez años, por lo que rechazó que se trate de una actitud de confrontación con el Poder Ejecutivo del Estado en turno.
“Yo lo dije desde que se creó la Ley: cuando se dieron las concesiones directamente a una persona aquí en BC, no estuve de acuerdo y dije que ese servicio debería estar a cargo de los ayuntamientos que realizan las revisiones mecánicas, porque no lo veo complicado hacerlo además de que les produciría ingresos”, expresó ante reporteros que lo abordaron esta mañana en las instalaciones del Poder Legislativo.
Admitió que tanto el Estado como los Municipios están facultados para otorgar concesiones de servicios a particulares, pero advirtió que esta decisión debe tomarse hasta una vez que ambas instancias emitan una Declaratoria de imposibilidad para prestarlos en forma directa, por lo que ese aspecto es un tema que debe ser revisado a profundidad, principalmente en el seno de los Cabildos.
Molina García dijo que en lo que respecta a si es o no obligatorio o requisito la verificación ambiental para el trámite de la tarjeta de circulación, es algo que igualmente debe ser revisado, particularmente en el seno del propio Congreso del Estado, ya que se supone que ese servicio debe tener como objetivo reducir el problema de la contaminación del aire y evitar que se trate de un programa que únicamente busque generar ingresos para el gobierno.
Sin embargo, también advirtió que debe establecerse un esquema de equilibrio en este aspecto, toda vez que son muchísimos los ciudadanos que tienen vehículos de modelos antiguos y que no pasarían la verificación ambiental y que tampoco tienen recursos económicos para llevar a cabo una reparación de motor (que tiene un costo de entre 15 y 20 mil pesos) o para adquirir una unidad que contamine menos.