Atropella el Gobierno de BC al Sistema – Anticorrupción, denuncia presidente del CPC

• El Ing. Eduardo Arredondo Uribe, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, hizo público su posicionamiento sobre los hechos que se han registrado los últimos días, en torno al organismo.

MEXICALI, B.C., ABR. 18 DE 2021.- El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California surge ante la necesidad de contar con un garante ciudadano e institucional de la lucha contra la corrupción y la impunidad en beneficio directo a la sociedad.

Los ciudadanos que integramos este sistema estatal nos pronunciamos en contra de cualquier tipo de intromisión y abuso de poder, que afecte su adecuado funcionamiento.

Refrendamos la importancia de la incidencia de organismos colegiados en la elaboración de políticas públicas, programas y acciones en el combate a la corrupción; porque transparentan la labor de funcionarios y gobiernos.

Más aún, rechazamos que, so pretexto de una “auditoría administrativa”, se atropelle la ley por intereses distintos a los que define la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Constitución Política del Estado de Baja California e incluso los principios esenciales de la convivencia democrática: nada por encima de la ley.

Incluso, con el aval del Poder Ejecutivo se ha pretendido usurpar la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, del Órgano de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva, a pesar que en la ley se establece que estos nombramientos se deciden entre los ciudadanos que integramos el Sistema Anticorrupción.

La Secretaría Ejecutiva reviste una importancia toral, pues en ella recae el funcionamiento de la Plataforma Digital mediante la que, cualquier persona, podrá tener acceso a la concentración de datos de declaraciones patrimoniales y de Intereses de los funcionarios públicos, contratos de obras y servicios, lista de sancionados por irregularidades administrativas, proveedores, entre otros datos.

El martes 13 de abril un grupo de funcionarios de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública se apersonaron en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del SEABC, avisando por escrito, que en ese momento habrían de practicar una auditoría administrativa.

Se les explicó que la Secretaría de la Honestidad carece de facultades legales para tales fines y se les dio a conocer que, acorde al marco legal, se daría una respuesta por escrito.

De conformidad con la legislación de la materia, la fiscalización de las cuentas públicas de la Secretaría Ejecutiva, está a cargo de la Auditoría Superior del Estado; a la fecha se han revisado los ejercicios 2018 y 2019. Por lo que se refiere a la fiscalización durante el ejercicio del gasto, tal actividad está reservada a un órgano de control interno y cuyo titular es designado directamente por el propio Congreso del Estado. Ni el gobernador del estado ni sus dependencias o funcionarios, tienen atribuciones para entrometerse en la vida de la Secretaría Ejecutiva.

No obstante, los funcionarios de la SHFP del Gobierno del Estado irrumpieron el miércoles 14 de abril con policías municipales para intervenir las instalaciones y los libros administrativos de la SESEABC, además de «suspender» al Secretario Técnico so pretexto de realizar la investigación que iniciaron ese mismo día, para apropiarse del modesto centro de operaciones.

Estas acciones solo tienen la intención de doblegar al Sistema Anticorrupción y entorpecer su funcionamiento. Son grotescos artificios, que los representantes ciudadanos rechazamos enérgicamente y que se habrán de revertir ante las instancias judiciales correspondientes. Contra el abuso del poder y el atropello, debe prevalecer el estado de derecho.

Si el gobierno del estado, auténticamente, tiene interés en saber cómo se ejerce el gasto de la Secretaria Ejecutiva, basta con revisar lo información contenida en los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, incluidos los reportes del Programa Operativo Anual; todos ellos, oportunamente hechos llegar a la Secretaría de Hacienda local y a la Auditoría Superior del Estado. ¿Para qué tanto atropello?