Política

Dan diputados «luz verde» a reformas a Ley de Derechos de Adultos Mayores

  • Contempla la obligación de abstenerse de realizar conductas que vulneren la integridad y dignidad de la persona adulta mayor, y previene el abuso y explotación; fueron promovidas por la diputada Adriana Padilla y el diputado (con licencia) Ramón Vázquez

MEXICALI, B.C., JUN. 21 DE 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó iniciativas de reforma a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores, presentadas en distintas fechas por las diputaciones Adriana Padilla Mendoza y Ramón Vázquez Valadez (con licencia), en materia de protección de las personas adultas mayores.

Según se menciona en el Dictamen número 17 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, el objetivo de ambas iniciativas es fortalecer la protección jurídica de las personas adultas mayores, guardando simetría en el diagnóstico y propuesta respectiva.

El artículo 29 de la Ley objeto de la reforma, establece un catálogo de deberes a cargo de la familia, reconociéndola como el núcleo primario de cuidado, asistencia y protección. Dentro de estos deberes, se contempla la obligación de abstenerse de realizar conductas que vulneren la integridad y dignidad de la persona adulta mayor.

La enmienda propuesta a la fracción IX, resulta pertinente y necesaria, ya que amplía y precisa el alcance de dicha obligación de abstenerse, al incorporar de manera expresa conductas como: la coacción, el trabajo forzado y cualquier actividad que, por sus condiciones, pueda representar un menoscabo a la dignidad o integridad de las citadas personas.

Esta precisión normativa, fortalece el marco jurídico vigente, al dotar de mayor claridad y alcance a la prohibición ya existente, lo que contribuye a su correcta interpretación y aplicación, así como a la prevención de prácticas que constituyen formas de abuso, explotación o violencia.

Asimismo, la inclusión de los conceptos de coacción y trabajos forzados armoniza la legislación estatal, con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con la erradicación de la explotación y la protección de la integridad personal del adulto mayor.

De igual forma, la disposición fortalece su observancia dentro de una legislación especializada, generando mayor visibilidad y conciencia sobre la protección de las
personas adultas mayores.

La reforma encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución Mexicana, que establecen el reconocimiento de los derechos humanos, el principio pro persona y la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos.

Ayuntamiento Predial

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