Aprueba BC eliminación de las «pensiones doradas»

• Por mayoría de votos, el Pleno del Congreso Local aprobó la Minuta enviada por el Congreso Federal con la reforma constitucional para que ningún servidor público en retiro pueda tener una pensión superior a la mitad de lo que devenga la persona titular de la Presidencia de la República

MEXICALI, B.C., MAR. 26 DE 2026.- En medio de ruidosas manifestaciones y después de escuchar los planteamientos de grupos inconformes de jubilados y pensionados de la burocracia y el magisterio estatal y federal, el Pleno del Congreso del Estado aprobó, por mayoría de votos, la Minuta con el proyecto de de decreto remitida por el Congreso de la Unión, mediante la que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política del país para poner límite a las pensiones, para que ningún trabajador de la administración pública en retiro pueda devengar un salario mayor a la mitad de lo que obtiene la persona que ocupa la Presidencia de la República.

En este caso, el monto de la pensión se limitaría a 70 mil pesos mensuales, pues supuestamente la mandataria nacional obtiene un salario de 140 mil pesos al mes.

«El objetivo es preservar el carácter de las pensiones como instrumento de protección social y evitar beneficios individuales excesivos con cargo al erario», se insistió para justificar la medida por la que se pondrá fin a las llamadas «pensiones doradas», en referencia a casos de exempleados federales (en su mayoría exaltos funcionarios) que obtienen cifras millonarias como pensión, con casos que rebasan los 250 mil, 300 mil y hasta 1 millón de pesos por mes por ese concepto.

«Este cambio se inscribe en el esfuerzo nacional por ordenar el sistema de remuneraciones y pensiones del sector público, impulsado desde el Ejecutivo Federal por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha subrayado la necesidad de garantizar pensiones dignas y evitar privilegios desproporcionados que comprometan el gasto público», se argumentó en la exposición de motivos de la Minuta con la reforma constitucional federal, a la que dio lectura el diputado Juan Manuel Molina García, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la XXV Legislatura del Estado.

«​Las y los legisladores del Estado, coincidieron en el Dictamen proveniente del Parlamento Federal, al subrayar que la seguridad social responde a una lógica de solidaridad colectiva y de tutela frente a riesgos socialmente compartidos. Bajo ese razonamiento, las pensiones deben garantizar dignidad y bienestar a las generaciones presentes y futuras, sin convertirse en beneficios individuales desproporcionados», se enfatiza en un comunicado emitido por el Congreso del Estado.​

Se aclaró que quedan excluidas de este límite las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias en cuentas individuales, las aportaciones sindicales en sistemas complementarios de ahorro y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4º Constitucional.

Durante la discusión de la Minuta, las diputaciones acordaron establecer mesas de trabajo con grupos de jubilados del ISSSTECALI, para definir con claridad en las leyes secundarias los alcances de esta reforma federal y garantizar que la armonización estatal no perjudique a quienes reciben su retribución de manera legítima y digna.

De igual manera, se determinó que este nuevo acuerdo será presentado vía Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en próxima sesión, reafirmando la apertura al diálogo ciudadano y el compromiso de la XXV Legislatura con la justicia social y la defensa de los derechos fundamentales de las y los trabajadores, al tiempo que se pone fin a privilegios desproporcionados en el sistema de pensiones públicas.

Lo anterior en respuesta a los reclamos que presentaron personas pertenecientes a distintos gremios, principalmente miembros del magisterio y extrabajadores de CFE y PEMEX, que advirtieron que esa medida podría afectarlos, ya que algunos de ellos obtienen cifras superiores a las que se están poniendo como límite, es decir, más de 70 mil pesos. El rechazo se centró especialmente en el carácter retroactivo que se está aplicando a la medida, lo que consideraron resulta violatorio de la propia Constitución.

Señalaron que lo injusto radicaba en el hecho de que se está afectando a todos los jubilados que tienen pensiones superiores a los 70 mil pesos, no obstante que la mayoría de ellos obtuvo esa prestación de manera legal. En todo caso, insistieron, que vayan contra los que obtuvieron pensiones de manera indebida, como es el caso de muchos ex altos funcionarios.

Uno de los compromisos que hicieron los legisladores con los grupos manifestantes, fue de poner en contacto con los diputados federales a esos gremios locales que podrían afectarse, para que se les considere en las reformas a las leyes secundarias a nivel federal, ya que, por lo que respecta a burocracia y magisterio estatal, el tema se abordaría en su momento también cuando se aborde la consecuente reforma a la Ley de Issstecali.

A pesar de que un nutrido grupo de jubilados y pensionados se manifestó ruidosamente en el frontispicio del edificio del Poder Legislativo, una comisión pudo ingresar después de que tuvieron un breve diálogo con la diputada Montserrat Murillo, quien forma parte del gremio magisterial y preside la Comisión de Educación. Durante la sesión, la presidenta de la mesa directiva, diputada Michel Sánchez, dictó un receso y abrió  un espacio para escuchar los planteamientos.

Diputaciones de partidos opositores votaron en contra de la Minuta.