Exige Congreso aclarar tema de narcomantas contra funcionario
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Ya son dos y la FGE no ha dicho nada, dice la diputada Yohana Gilvaja, quien también logró un acuerdo del Pleno para que la autoridad municipal explique los criterios para asignarle escoltas de DSPM al titular de la CESPM
MEXICALI, B.C., MAR. 08 DE 2026.- La diputada Yohana Gilvaja presentó un punto de acuerdo ante el Pleno del Congreso del Estado para dirigir un exhorto para que la Fiscalía General del Estado informe sobre las medidas tomadas en relación con las narcomantas que mencionan al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), Armando Carrazco López.
“Es necesario que la Fiscalía General del Estado agote las líneas de investigación hasta las últimas consecuencias y nos diga qué está pasando con esas mantas”, advirtió la legisladora, quien refirió que en Mexicali se han colocado dos narcomantas en circunstancias preocupantes, una hace un año y otra recientemente en un food truck, ambas con alusiones directas all citado funcionario estatal, «y todavía estamos esperando el origen de esa manta de hace un año”, mencionó.
Cuestionó además la presencia de escoltas asignados al funcionario, señalando que sus funciones no implican un riesgo a su integridad.
Al respecto, la diputada Yohana Gilvaja pidió que la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, explique públicamente los criterios que se tomaron en cuenta para otorgar elementos de la Policía Municipal como escoltas a Carrazco López.
«De cara a los usuarios y al pueblo de Mexicali, se debe transparentar esta situación para beneficio y seguridad de todas y de todos”, subrayó.
La legisladora tijuanense advirtió que la presencia de escoltas en un organismo como la CESPM genera incertidumbre entre los trabajadores y usuarios del servicio público de agua potable, quienes podrían verse expuestos a riesgos innecesarios.
La proposición contó con el respaldo unánime de las diputadas y diputados integrantes de la XXV Legislatura, quienes coincidieron en la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar transparencia en las decisiones de seguridad pública.
