Pide el Congreso investigar «convenio» con transportistas

• Prospera proposición del diputado Diego Echevarría y el Pleno acuerda enviar exhorto a Anticorrupción para que aclare el caso de la entrega de 25 camiones nuevos a concesionarios, a los que además les cubre el seguro y les da 15 mil pesos por unidad «para mantenimiento» sin nada a cambio

MEXICALI, B.C., DIC. 04 DE 2025.- En virtud de un punto de acuerdo aprobado por el Pleno, el Congreso del Estado hizo un exhorto a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la administración estatal, a fin de que realice una investigación integral sobre posibles actos ilegales y de corrupción en la adjudicación de 25 camiones recién adquiridos a empresas concesionarias del transporte urbano de pasajeros de Mexicali.

La proposición correspondiente fue impulsada por el diputado Diego Echevarría Ibarra y recibió el respaldo de las diputaciones en la sesión ordinaria de Pleno celebrada recientemente por la XXV Legislatura, luego de que se señalaran situaciones a todas luces sospechosas alrededor de esa maniobra que permitió poner en manos de particulares las unidades que fueron adquiridas y pagadas en su totalidad a un costo de 75 millones de pesos por el Gobierno del Estado para dar servicio durante la Serie del Caribe realizada en esta capital a principios de año.

Comentó que, posteriormente, se anunció que serían incorporadas al servicio urbano en rutas concesionadas a particulares, principalmente en la Eje Lázaro Cárdenas, y, en menor medida, en la colonia Robledo. “Sin embargo, nunca se explicó con claridad bajo qué figura jurídica se entregaban estos autobuses propiedad del Estado a empresas privadas”, insistió.

Añadió que, durante la glosa de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuestionó directamente al director del IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, respecto al convenio de colaboración “a riesgo” señalado como fundamento; sin embargo, la respuesta fue que operaban bajo un supuesto convenio de esa naturaleza con tres concesionarios de Mexicali, y al solicitarle que explicara en qué consistía dicha figura y su sustento jurídico, no logró hacerlo de manera clara ni sólida.

“El gobierno aporta las unidades, paga el seguro, cubre el mantenimiento, y las empresas se quedan con todo lo que genera el servicio; eso no es ir a riesgo, eso es un negocio redondo para unos cuantos concesionarios y funcionarios”, acusó el diputado Diego Echevarría.

Señaló que, además de haber comprado los camiones y pagar su seguro, el Gobierno del Estado también cubre un pago mensual de 15 mil pesos por unidad para que los propios concesionarios realicen su mantenimiento en sus talleres. En total, el IMOS desembolsa 375 mil pesos al mes por el mantenimiento de vehículos que no administra ni opera directamente.

Consideró que este esquema representa un uso indebido del patrimonio público, pues el Estado ya pagó las unidades, sigue cubriendo los gastos de operación y, en caso de que las cosas salgan mal, también asumiría las pérdidas. El único que arriesga es el Estado, mientras los particulares reciben camiones nuevos, operan rutas rentables, cobran la tarifa y no comparten ni un peso con el gobierno, remarcó el legislador.

En consecuencia, la XXV Legislatura de Baja California aprobó enviar un exhorto a la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge Pérez, para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una revisión integral del caso e inicie las investigaciones correspondientes sobre posibles ilegalidades y actos de corrupción en la celebración y ejecución del mencionado convenio de colaboración.