Destacan en Congreso alcances de la nueva Ley Contra la Extorsión

• Es un avance histórico en la protección de derechos humanos, la seguridad ciudadana y la justicia penal en México, afirma la diputada Angélica Peñaloza

MEXICALI, B.C., NOV. 12 DE 2025.- En un posicionamiento leído en sesión de Pleno, la diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo reconoció la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, como un avance histórico en la protección de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la justicia penal en México.

Señaló que la mencionada iniciativa fue presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que se sumaron once propuestas impulsadas por las diputaciones de Morena, PAN, PVEM y PT.

La legisladora local expuso que la extorsión es uno de los delitos más denunciados en México, pero también uno de los menos investigados y sancionados. “La ley responde a una demanda ciudadana urgente: proteger a comerciantes, transportistas, familias y comunidades que viven bajo amenaza”, subrayó.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en años recientes se han registrado anualmente más de 8,000 carpetas de investigación por extorsión, sin contar la cifra negra que supera el 90%.

La diputada Angélica Peñaloza destacó que con la creación de esta legislación, se homologa el tipo penal de extorsión en todo el país, eliminando las disparidades entre los códigos penales estatales y dotando al Estado mexicano de una herramienta jurídica sólida para combatir este delito de manera eficaz y coordinada.

De forma complementaria, la representante popular enumeró las principales disposiciones contenidas en la ley, entre otras, la investigación de oficio, mediante la cual el delito de extorsión será perseguido sin necesidad de denuncia previa, lo que fortalece la acción del Estado.

También se contemplan penas más severas, con sanciones de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA, con agravantes que pueden aumentar las penas hasta en un 50%. En cuanto a la protección a las víctimas, se garantiza la posibilidad de denunciar de forma anónima, promoviendo la participación ciudadana sin poner en riesgo la integridad de las personas afectadas.

Puntualizó que promueve el uso de lenguaje incluyente en las denuncias, procesos judiciales y campañas de prevención; armoniza el tipo penal de extorsión en todo el país, eliminando vacíos legales y contradicciones entre códigos estatales.