Aprueba Congreso prohibir el matrimonio a menores de edad

• Prospera la iniciativa de reforma de la diputada Montserrat Murillo que busca acabar con esa nociva práctica en Baja California

MEXICALI, B.C., FEB. 27 DE 2025.- En sesión ordinaria de Pleno del Congreso del Estado celebrada este jueves, fue aprobado el Dictamen número 1 de la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología de la XXV Legislatura, que contiene una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California, para, entre otras cosas, prevenir desde las aulas la nociva práctica del matrimonio infantil.

En su exposición de motivos, la inicialista, diputada Dunnia Montserrat Murillo López, mencionó que es fundamental que en el Estado no solo se refuerce el marco legal, sino que también se implementen políticas públicas efectivas que aborden las causas subyacentes del matrimonio infantil, incluyendo la falta de educación, el contexto socioeconómico y las tradiciones culturales que a menudo perpetúan esta práctica.

En el dictamen, que fue aprobado por 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se establece que este mismo tema, por su relevancia en el interés público, ya ha sido discutido recientemente en el Congreso de la Unión, donde las diversas propuestas, al igual que la iniciativa de la legisladoralocal, contempla elementos necesarios principalmente para erradicar este tipo de matrimonios.

En el cuerpo del dictamen se consideró utilizar el término “prácticas nocivas”, que refiere por una parte a todas esas actitudes sociales, según las cuales se considera a las mujeres y las niñas inferiores a los hombres y los niños sobre la base de funciones estereotipadas.

Con la reforma a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Estatal, queda como sigue: Artículo 43. La edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años.

Las autoridades del Estado y sus Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán adoptar medidas integrales para la protección de niñas, niños y adolescentes contra las prácticas nocivas de cesión a título oneroso o gratuito con fines de unión formal, informal o consuetudinaria.

Estas medidas deberán establecer acciones afirmativas respecto a niñas, niños y adolescentes que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, en situación de migración, desplazamiento o en exclusión social.