Armonizan Ley de Víctimas del Estado con Ley Orgánica del Estado

• “Es necesaria la armonización para garantizar certeza jurídica, al evitar conflictos y contradicciones entre las leyes”: Diputada Rocío Adame

MEXICALI, B.C., FEB. 12 DE 2024.- En la pasada sesión extraordinaria de Pleno, el Pleno del Congreso del Estado avaló la iniciativa presentada por la diputada Rocío Adame Muñoz, para armonizar la Ley de Víctimas del Estado conforme a las nuevas disposiciones de la Ley que regula la organización y funcionamiento de la administración pública estatal.

“Una legislación armonizada brinda mayor seguridad jurídica a la ciudadanía, al ofrecer reglas claras y previsibles que facilitan el cumplimiento de las obligaciones legales y la protección de los derechos”, expuso la congresista.

En su exposición de motivos consideró la publicación en el Periódico Oficial del Estado del 6 de diciembre de 2021, que aprueba la reforma a los artículos 7, 53, 54 y 69, en relación a la adición al Capítulo IV, denominado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

También aludió que el pasado 6 de diciembre de 2021, fue publicada la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en cuyo artículo 30 se enuncia la nueva estructura de las dependencias del Poder Ejecutivo Estatal.

En virtud de lo anterior, la armonización consiste en actualizar los artículos 122, 124, 125 de la citada norma, para sustituir la denominación de las Secretarías de “Seguridad Pública; Educación y Bienestar Social” y Desarrollo Social; por sus equivalentes de las Secretarías de “Seguridad Ciudadana; Educación y Bienestar”.

Asímismo, el alcance de la iniciativa considera la modificación a la Fracción V del artículo 122, con la adhesión del término Personas Privadas de su Libertad.

Finalmente subrayó que, de acuerdo a las leyes mexicanas, la labor de un legislador es fundamental para la vida pública, esto se debe a que el mantenimiento de un sistema institucional basado en las leyes no ocurre automáticamente, sino que depende de la constante acción de los funcionarios públicos, especialmente el Poder Legislativo, para asegurar su adecuado funcionamiento.