Aprueba Congreso reforma a Ley de Fomento a Actividades de Bienestar
-
El cambio impulsado por la diputada Michelle Tejeda permite incluir organizaciones en situaciones extraordinarias para atender necesidades urgentes aun sin estar registradas en el catálogo oficial
MEXICALI, B.C., JUN. 19 DE 2026.- El Pleno del Congreso Local aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma a la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social para el Estado de Baja California, presentada por la diputada Michelle Tejeda, cuyo objetivo es flexibilizar, modernizar y eficientizar los beneficios a favor de las organizaciones de la sociedad civil, garantizando un marco legal más justo y funcional para el desarrollo de proyectos sociales.
La reforma quedó establecida en el Dictamen No. 18 de la Comisión de Bienestar, Derechos de la Niñez, Juventudes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, mediante el cual se modifican los artículos 12 y 16 de la referida norma.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que las asociaciones civiles enfrentan retos como garantizar legitimidad y sustentabilidad, lograr autofinanciamiento, cumplir con la rendición de cuentas y profesionalizar su gestión.
En el Catálogo de Bienestar para el ejercicio 2025, se cuenta con 908 asociaciones que atienden temáticas como adicciones, casas hogar, cultura, educación, salud y medio ambiente, además de poblaciones específicas como mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y adultos mayores.
Bajo esa perspectiva, dijo la diputada Tejeda Medina, la reforma al artículo 12 fracción fortalece la inclusión de organizaciones que, por situaciones extraordinarias como desastres naturales o emergencias sanitarias, puedan atender necesidades apremiantes aun sin estar registradas en el catálogo oficial.
Asimismo, la modificación al artículo 16 elimina la obligación de publicar listados en diarios de mayor circulación, sustituyéndola por medios digitales oficiales como el Periódico Oficial del Estado y las plataformas institucionales, lo que garantiza acceso equitativo y reduce costos administrativos.
Durante el momento del análisis, la Comisión dictaminadora destacó que esta reforma fortalece la labor de la sociedad organizada al servicio de las personas en situación de vulnerabilidad, complementando la acción del Estado y contribuyendo a la reconstrucción del tejido social.
