Autoriza Congreso más deuda pública para el Estado

• Podrá el Ejecutivo buscar financiamiento hasta por casi 3 mmdp para obras complementarias de la desaladora de Rosarito; afirman que no impactarán tarifas de agua de Tijuana y Ensenada y comisiones unidas darán seguimiento a la aplicación del recurso

MEXICALI, B.C., FEB. 12 DE 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen númeri 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto con el que autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California a que gestione y contrate deuda pública por un monto de casi 3 mil millones de pesos, con el fin de llevar a cabo inversión pública productiva, particularmente para las obras complementarias de lo que será la Desaladora de Rosarito para garantizar el agua en zona costa.

El dictamen se aprobó con diecinueve votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, con una adenda presentada por la presidenta de la mencionada comisión dictaminadora, fiputada Julia Andrea González Quiroz, mediante la que se solicitan ajustes en los artículos primero, segundo, tercero, décimo y décimo tercero, para fortalecer su contenido.

Así mismo, se aprobó la reserva en lo particular presentada por el diputado Juan Manuel Molina al artículo quinto, relativo a fuente de pago del decreto que se aprueba, para que quede de la siguiente manera: El servicio de la deuda para el financiamiento que se autoriza, no tendrá impacto en las tarifas de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Tijuana y Ensenada.

«Consideramos pertinente refrendar nuestro compromiso ya asumido de este grupo parlamentario (de Morena) de que el financiamiento aprobado con el dictamen número 127, impactará exclusivamente como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que se deriven del o los financiamientos contratados al amparo del presente Decreto, un porcentaje necesario y suficiente de los ingresos derivados de la recaudación presente y futura que realice el Estado por concepto del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, por lo que hacemos la propuesta de ser reiterativos en nuestro compromiso de no impactar la economía familiar de las y los bajacalifornianos», agregó el legislador, quien es coordinador de la bancada morenista.

Con respecto al artículo primero del decreto, se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno de Baja California, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda, para que lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para la gestión y contratación de financiamiento, mediante la contratación de uno o varios financiamientos con cualquier institución financiera integrante del sistema financiero mexicano, incluyendo sociedades financieras de objeto múltiple, siempre que ofrezca las mejores condiciones de mercado y en los términos y condiciones establecidos en el mismo decreto.

Mientras que, el artículo tercero relativo al plazo y periodo de gracia menciona que el Estado deberá formalizar el o los financiamientos que se autorizan en el ejercicio fiscal 2026, o 2027 inclusive, siendo el plazo máximo autorizado para el o los financiamientos que sean adquiridos conforme a lo autorizado en el mismo decreto, de hasta 30 años contados a partir de la fecha en que se celebren el o los contratos de crédito respectivos, o bien, la fecha en que se realice la primera disposición de los recursos otorgados, cuando la misma sea cierta y conocida desde la fecha de celebración del o de los créditos bancarios. Dentro de los contratos que deriven del presente decreto, deberán contener el plazo en días y una fecha de vencimiento específica.

Asimismo, el o los financiamientos podrán estipular un plazo o periodo de gracia de hasta 36 meses, contados a partir de la primera disposición de los recursos del o los financiamientos, o en su caso desde la celebración de los contratos que sustenten las operaciones.

APRUEBAN ACUERDO DE COMISIÓN

De igual forma, se aprobó en el mismo sentido de votación, el Acuerdo No. 1 de la CHyP, estableciendo que se instruye a la Secretaría de Hacienda del Estado, presentar a esta Legislatura Local, un informe semestral de la aplicación de los recursos que deriven de los financiamientos que sean contratados mediante el Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo de Baja California, para que gestione y contrate el citado financiamiento para inversión pública productiva.

Esto, a partir de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California del citado Decreto y hasta en tanto las obligaciones que deriven de los financiamientos, hayan sido pagadas en su totalidad.

Se nombra en el siguiente artículo que a las Comisiones de Fiscalización del Gasto Público, así como a la de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, como comisiones unidas para dar seguimiento a la aplicación de los recursos que derivan del financiamiento que sea contratado mediante el citado decreto.