Proponen el empoderamiento económico de la mujer violentada
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El diputado Ramón Vázquez impulsa refrorma por la que busca garantizar autonomía económica, inclusión social y oportunidades de desarrollo
MEXICALI, B.C., ENE. 23 DE 2026.- Romper el ciclo de la violencia contra la mujer mediante su independencia económica, es el propósito central de la iniciativa presentada por el diputado Ramón Vázquez Valadez ante el Congreso Local, al establecer la obligación de las autoridades de promover programas integrales de empoderamiento económico dirigido a mujeres en situación de violencia.
“El empoderamiento económico es la llave para romper definitivamente el ciclo de violencia y abrir oportunidades de inclusión social para las mujeres bajacalifornianas”, expresó el legislador.
De acuerdo con datos del Sistema Estatal de Información para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada cuentan con declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres (AVGM), lo que refleja la gravedad del problema y la necesidad urgente de reforzar las leyes para protegerlas.
El diputado Ramón Vázquez indicó que, sin autonomía económica, las acciones de prevención y atención corren el riesgo de ser insuficientes; por ello se necesita garantizar que las mujeres puedan reconstruir su vida con independencia, recalcó.
Por otro lado, en su exposición de motivos el congresista también reconoce que las mujeres enfrentan barreras como la brecha salarial, la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado y la falta de acceso a programas de capacitación, factores que restringen sus oportunidades de desarrollo y emprendimiento.
“La atención a mujeres en situación de violencia debe ser holística, dado que refugios, apoyo psicológico y asesoría legal son cruciales, pero resultan insuficientes si no se acompañan de un componente sólido que les permita alcanzar independencia económica”, subrayó el inicialista.
Derivado de lo anterior, en su iniciativa plantea adicionar la fracción XIII al artículo 35 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer dicha obligación al Estado.
