Aprobada en el Congreso, la Ley Contra la Extorsión
● El nuevo marco normativo fortalece instituciones y atiende causas estructurales de la violencia; se establecen competencias claras y mecanismos de coordinación para prevenir, investigar y sancionar este delito
MEXICALI, B.C., DIC. 26 DE 2025.- Con el propósito de establecer las bases jurídicas para que las instituciones de seguridad y la Fiscalía General del Estado investiguen, persigan y sancionen de manera eficaz el delito de extorsión, el Pleno de la XXV Legislatura del Congreso Local aprobó con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la iniciativa que crea la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en el Estado de Baja California.
La nueva ley se compone de 33 artículos, distribuidos en 5 Títulos, 9 Capítulos y 7 artículos transitorios, y constituye un marco normativo integral que permitirá cerrar vacíos legales, unificar criterios y fortalecer las capacidades institucionales frente a uno de los delitos de mayor complejidad y daño social, como lo es la extorsión, se estableció durante los trabajos de la sesión extraordinaria celebrada este lunes en la sede del Poder Legislativo y que condujo la diputada Michel Sánchez Allende, presidenta de la mesa directiva.
Se estableció que, hasta antes de esta ley, que fue obra de iniciativas promovidas por la titular del Ejecutivo y del diputado Juan Manuel Molina García, la regulación en materia de extorsión estaba dispersa y poco clara, lo que provocaba respuestas desiguales y poco efectivas frente a un delito que, con el tiempo y el avance de las tecnologías, se fue fortaleciendo en perjuicio de la ciudadanía.
Se hizo énfasis en que el nuevo ordenamiento se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con la Ley General publicada el 28 de noviembre de 2025, que fija una pena base de 15 a 25 años de prisión, con incrementos que pueden llevar la sanción hasta a más de 42 años de cárcel en casos agravados, como cuando el delito se comete contra comerciantes, migrantes, menores de edad, adultos mayores, mediante violencia física, uso de armas, desde prisión o por servidores públicos.
A nivel estatal, la nueva legislación dispone además que el delito de extorsión y los delitos vinculados se investigarán y perseguirán de oficio, asegurando que las instituciones actúen de manera inmediata y sin necesidad de denuncia previa, lo que refuerza la protección ciudadana y la eficacia en la persecución penal.
Con su aprobación y futura aplicación, esta ley permitirá materializar principios de actuación, reglas de coordinación, obligaciones operativas y directrices de atención con enfoque de derechos humanos, bajo un marco de observancia general.
Por ello, las diputaciones del Congreso del Estado reconocieron la necesidad de atender con responsabilidad el fenómeno de la extorsión, entendiendo que su expansión refleja la capacidad de adaptación del crimen organizado y la urgencia de superar las limitaciones normativas e institucionales para ofrecer respuestas más eficaces a la ciudadanía.
