Proponen establecer otro requisito para adjudicar obras de gobierno

• Con iniciativa de reforma, el diputado Ramón Vázquez busca que se les exija a proveedores la presentación de la opinión positiva del SAT

MEXICALI, B.C., AGOSTO 23 DE 2025.- El diputado Ramón Vázquez Valadez, planteó ante el Congreso del Estado una reforma a la Ley de Obra Pública, para establecer como requisito obligatorio la presentación de la opinión positiva del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que personas físicas y morales puedan participar, ser adjudicadas o formalizar contratos en procedimientos de contratación de obras públicas en Baja California.

“La contratación de obra pública representa una de las áreas más sensibles en la administración de los recursos del Estado. Sin embargo, la falta de mecanismos adecuados para verificar a los proveedores, ha facilitado prácticas de corrupción, sobrecostos y adjudicaciones discrecionales”, señaló el legislador.

Insistió que la transparencia en la selección de proveedores no debe ser una opción, sino un requisito obligatorio para garantizar la legalidad, eficiencia y ética en el uso del dinero público.

En su exposición de motivos, el diputado Ramón Vásquez destacó que estudios han documentado sobrecostos del 17% al 36% en licitaciones, así como que entre el 55% y 65% de los contratos se otorgan por adjudicación directa o con ofertantes únicos. También recordó el caso de “La Estafa Maestra”, en el que 11 dependencias federales triangularon recursos públicos mediante universidades y empresas fantasma, generando pérdidas millonarias.

“Una herramienta clave para garantizar la probidad del proveedor, es requerir la opinión positiva del SAT. Esta opinión es el documento oficial que acredita que el proveedor está al corriente en sus obligaciones fiscales, y goza de buena reputación ante la autoridad tributaria”, detalló el congresista.

En ese contexto, la iniciativa de reforma al artículo 38 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado, busca profesionalizar los procesos de contratación pública, cerrar espacios a la corrupción y asegurar que los recursos destinados a infraestructura se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía.