Promueve Daylín García reformas sobre gestión del agua
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Propone garantizar el suministro gratuito de agua tratada para el riego de áreas verdes, y restituir la representación ciudadana en organismos del agua y que las multas se reinviertan en las comunidades donde se generan
MEXICALI, B.C., JULIO 15 DE 2025.- Con el objetivo de promover una gestión hídrica más eficiente, garantizar espacios públicos dignos y fortalecer la participación ciudadana en el uso de recursos, la diputada Daylín García Ruvalcaba presentó ante el Congreso Local tres iniciativas de reforma.
La primera de ellas plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado para establecer como responsabilidad del Gobierno Estatal —en coordinación con los municipios y organismos operadores del agua— el suministro gratuito y suficiente de agua tratada para el riego y mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines comunitarios.
“Las áreas verdes no son un lujo, sino una necesidad para la salud física, mental y ambiental de nuestras comunidades”, señaló la legisladora y agregó que, en un Estado con estrés hídrico como Baja California, se debe garantizar su conservación sin afectar la economía de las familias.
La segunda propuesta busca reformar la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado para restituir la figura de consejeros ciudadanos en los Consejos de Administración de los organismos operadores del agua.
Esta representación, una de carácter social y otra empresarial, sería designada mediante convocatorias públicas y permitiría fortalecer la vigilancia, la transparencia y la legitimidad de las decisiones. “Eliminar la representación ciudadana fue un retroceso, por eso hoy proponemos corregirlo para que la sociedad tenga voz en cómo se gestiona un recurso tan vital como el agua”, expresó la inicialista.
Por otra parte, la tercera iniciativa propone adicionar los artículos 91 BIS y 100 BIS a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado, con el fin de establecer que los ingresos obtenidos por concepto de inspecciones y multas, se destinen exclusivamente a los sistemas de agua potable.
Además, se priorizaría su aplicación en los polígonos territoriales donde se originaron dichos ingresos. “Lo justo es que los recursos generados por sanciones se reinviertan en las comunidades donde se detectaron las irregularidades. Eso fortalece la justicia territorial y la eficiencia del gasto público”, subrayó la diputada García Ruvalcaba.
