Ilegal, la «indemnización» que pretende magistrado

• No tiene sustento jurídico y hasta podría constituir la comisión de delitos, advirtió el diputado Juan Manuel Molina sobre el caso del Presidente del TJEBC

MEXICALI, B.C., JUNIO 19 DE 2025.- La “indemnización” multimillonaria que pretende obtener el presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), magistrado Jaime Vargas Flores, carece de sustento legal y hasta podría constituir la comisión de uno o más delitos, advirtió este día el diputado Juan Manuel Molina García.

El legislador, quien preside la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado y además es Representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ante los organismos electorales en el Estado, informó que el recurso de impugnación que presentó ante ese hecho, está radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde se deberá determinar la instancia a la que compete resolverla, después de que el propio tribunal estatal electoral se negara a recibirlo.

La pretensión de lograr una “indemnización” por término de gestión por parte de los magistrados del TJEBC se puso al descubierto hace unos días, cuando dicho organismo publicó en el Periódico Oficial del Estado las Condiciones Generales de Trabajo de la institución con su personal, estableciendo montos como si se tratara de un despido injustificado de un empleado común y corriente.

En este caso, y por ser el más próximo a concluir su gestión, es el magistrado Vargas Flores, quien, de acuerdo con lo establecido en dicho documento, recibiría una liquidación estimada en alrededor de 4.5 millones de pesos.

A juicio del diputado Molina García, se trata de una acción a todas luces ilegal, ya que los servidores públicos no tienen ese tipo de derechos al término de las gestiones para las que han sido designados.

“Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral del Estado no tienen ningún derecho. En la Constitución Local no está establecido, ni tampoco en diciembre, cuando comparecieron ante el Congreso del Estado para exponer el proyecto de presupuesto tampoco plantearon nada de eso, por lo que disponer del recurso para un objetivo distinto por el que fue autorizado, constituye también una ilegalidad”, señaló el legislador morenista.

Molina García aclaró que hay recursos legales para dirimir conflictos entre trabajadores y tribunales de los Estados, pero advirtió que, en este caso, no es un conflicto entre trabajadores y el tribunal, sino que se trata de un conflicto del tribunal contra el erario público del Estado.

Comentó que entiende que autoridades del Poder Ejecutivo del Estado ya tuvieron un acercamiento con los magistrados electorales que firmaron el citado documento en diciembre pasado (la magistrada Graciela Amezola Canseco todavía no asumía, aclaró) y se les ha exhortado a desistirse de su acción, y manifestó que eso sería lo más sano y prudente para todos.

“Se vale echar reversa”, dijo, y recordó el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado que en el 2015 también intentaron hacer valer un reglamento elaborado por ellos para su “haber de retiro” (una pensión que pretendía ser vitalicia y hasta heredable), pero, ante el inicio de un procedimiento para el juicio político, optaron por desistirse.

El diputado Juan Manuel Molina insistió que la pretendida indemnización “por término de gestión” no tiene sustento legal alguno y, por el contrario, dijo, podría estarse tipificando uno o más delitos, estableciendo que es un aspecto que también se está revisando, muy especialmente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.