Proponen estímulos fiscales para empresas de transporte público

• Iniciativa de reforma de la diputada Gloria Miramontes busca estimular a transportistas que tengan unidades adaptadas para personas con discapacidad

MEXICALI, B.C., JUNIO 13 DE 2025.- La diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma que tiene por objeto implementar un programa de estímulos fiscales o de otra naturaleza, que beneficie a las empresas de transporte público que realicen acciones que permitan el uso integral de sus servicios, por parte de personas con discapacidad.

La legisladora explicó que la reforma a la Ley en la materia que propone no es una concesión graciosa, sino una deuda histórica con las personas con discapacidad, que deben ser reconocidas como ciudadanos plenos, sujetos de derechos, y no como excepciones administrativas.

Por ello, dijo, garantizar su acceso al transporte público, representa una acción concreta que da contenido real al discurso de igualdad e inclusión.

La diputada Gloria Miramontes expuso que, al establecer un sistema de estímulos fiscales y administrativos para empresas de transporte público, Baja California envía un mensaje contundente: que la equidad no es solo un principio ético, sino una política pública activa que permea en todos los ámbitos, desde el transporte hasta el reconocimiento social de las diversidades humanas.

Para una mejor comprensión, abundó, la implementación de dicho programa podría permitir que, en un plazo de cinco años, al menos el 80 por ciento de las unidades del transporte público estén adaptadas con criterios de accesibilidad universal. Esta meta no solo es alcanzable, sino estratégica.

Por tales motivos, presentó una iniciativa que adiciona la fracción XVI y se recorre la subsecuente del artículo 8 de la Ley para las Personas con Discapacidad en el Estado de Baja California y se fundamenta en un marco jurídico robusto que reconoce el derecho a la movilidad como un derecho humano.

Contempla esta propuesta: Deducciones o exenciones en impuestos estatales (como el Impuesto sobre Nómina o derechos de renovación de concesiones); Subsidios directos o cofinanciamiento para la compra o adaptación de unidades accesibles; Reconocimiento oficial o certificaciones de responsabilidad social para empresas incluyentes.

Este enfoque busca cambiar el paradigma tradicional de fiscalización sancionadora por uno de colaboración e incentivo positivo, alineado con prácticas exitosas en otros estados y países.

Según el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), más del 60 por ciento de las personas con discapacidad en México, enfrentan algún tipo de barrera para acceder al transporte público, y esto influye directamente en que solo el 39 por ciento participe en actividades laborales remuneradas.