Sesiona Comisión de Justicia y aprueba proyectos de dictamen

• El grupo de trabajo legislativo que preside la diputada Angélica Peñaloza resuelve tres iniciativas de reforma

TIJUANA, B.C., JUNIO 11 DE 2025.- La Comisión de Justicia de la XXV Legislatura del Congreso del Estado, que preside la diputada Norma Angélica Peñaloza, aprobó los proyectos de dictamen de las iniciativas de reforma al Código Penal, así como de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar de Baja California, en sesión ordinaria celebrada este miércoles en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado (ASEBC) en esta ciudad.

Durante los trabajos, fue aprobado en primer término por cuatro votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el proyecto que da origen al Dictamen No. 6 de la Iniciativa de Reforma al artículo 201 del Código Penal del Estado, presentada por la diputada Angélica Peñaloza, con el objeto de clarificar el rango en el monto de lo robado.

Dicha enmienda se aprobó como sigue: Artículo 201.- Punibilidad. – A quien cometa el delito de robo se le impondrán las penas siguientes: l.- De seis meses a tres años de prisión y hasta cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de lo robado no exceda de ochenta veces el valor de la Unidad de medición y actualización.

Posteriormente se aprobó por cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el proyecto que origina el Dictamen No. 7 de la Iniciativa de Reforma al artículo 245 del Código Penal del Estado, presentada por el diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros y que tiene como objetivo tipificar la conducta ilícita de dañar los neumáticos de los vehículos que transiten por la vía pública, con objetos punzocortantes con la finalidad de cometer otros delitos.

Para los efectos de este Código, son armas prohibidas: Las estrellas, abrojos, cuchillas, erizos, púas, picos y demás que puedan utilizarse para obstaculizar las vías de tránsito.

Poco después, se aprobó en el mismo sentido de votación, el proyecto que origina el Dictamen No. 8 respecto de la Iniciativa de reforma los artículos 1 y 2 de la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar Estatal, presentada por la diputada Montserrat Murillo López. La pretensión de la inicialista es fortalecer el marco jurídico, a fin de adicionar la modalidad de violencia patrimonial de la citada Ley, en beneficio de las familias.

En lo que se refiere al artículo 2, queda como sigue: Se considera violencia familiar, todo acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, simular, controlar o agredir física, verbal o psicológica, económica o sexual o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio, que tiene por objeto causar daño en cualquiera de los aspectos entendidos por esta Ley.

Finalmente, también fue aprobado en el mismo sentido de votación, en los términos propuestos por la Consultoría Legislativa, el proyecto de Dictamen No. 9 de la Iniciativa que adiciona un artículo 229 Bis del Código Penal, presentada por la diputada Gloria Arcelia Miramontes, misma que tiene la pretensión de incrementar la pena de 5 a 10 años a los que creen incendios, inundación o explosión, con daño o peligro, de un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre una persona; archivos públicos, escuelas, entre otros.

Así mismo, se incrementará la penalidad hasta en una tercera parte, cuando las actividades descritas, se lleven a cabo o afecten un área natural protegida de competencia estatal o municipal.

Cabe mencionar que en esta sesión de la Comisión de Justicia del Congreso Local, también se presentó un informe de las iniciativas turnadas a esta Comisión por parte del Pleno y se aprobó el Acta de una sesión realizada en fecha anterior.

Además de la diputada Angélica Peñaloza, participaron en la reunión de trabajo, las diputadas y diputados Humberto Valle, Araceli Geraldo, Ramón Vázquez y Juan Manuel Molina, así como el Director de Consultoría Legislativa, Israel Ceseña, además de que se contó con la asistencia de las representantes del Poder Judicial, Estefany Díaz Guzmán y Paola Martínez López; el representante del Poder Ejecutivo, Luis Alonso López, y un representante de Consejería Jurídica.