Proponen reforma para sancionar el delito de violencia vicaria

• La diputada Araceli presenta iniciativa para armonizar el Código Penal de BC con la legislación federal  y subsanar omisión cometida en la norma estatal al respecto

MEXICALI, B.C., FEB. 16 DE 2025.- La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó ante el Congreso Local iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California, con el objeto de prever la sanción específica para el delito de violencia familiar en su modalidad de Violencia Vicaria.

Al fundamentar su iniciativa, la legisladora refirió que en la actualidad, México enfrenta tasas alarmantes de violencia familiar, que incluyen violencia física, psicológica, económica, entre otras, “por lo que una adecuada legislación en la materia, es crucial para abordar esta crisis de salud pública y brindar una respuesta efectiva que prevenga más casos y proteja a las víctimas”.

Como antecedente, Araceli Geraldo dio a conocer que en 2024, el titular del Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del Código Civil Federal y del Código Penal Federal, en materia de violencia a través de interpósita persona, es decir, cuando se utiliza como medio a las hijas e hijos, familia, personas dependientes o con relación afectiva, para causar un daño a la mujer.

En dicha reforma, se estableció que las penas previstas aumentarían hasta una tercera parte a quien lo cometa a través de interpósita persona; sin embargo, se omitió establecer la penalidad en la reforma al Código Penal para el Estado de Baja California, al momento de instituir la Violencia Vicaria, dejando como penalidad aplicable para dicha violencia, la misma que se establece para la generalidad de los tipos de violencia familiar tipificadas en su respectivo artículo 242 BIS.

Ante ello, la diputada Araceli Geraldo expuso la necesidad de actualizar el marco jurídico del Código Penal estatal y armonizarlo con la reforma federal antes expuesta y así proteger a las víctimas y garantizar las consecuencias penales conducentes para aquellas personas que ejerzan este tipo de violencia en contra de sus familias.