Aprueba Congreso reforma a la Ley del SEA
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Prospera iniciativa promovida por la diputada Rocío Adame para establecer en la norma principios de disciplina y rendición de cuentas
MEXICALI, B.C., ENERO 12 DE 2024.- Con el objetivo de incorporar los principios de disciplina y rendición de cuentas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), las y los diputados que integran la XXIV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobaron por unanimidad la iniciativa de reforma promovida por la diputada Rocío Adame Muñoz.
Para motivar su pretensión, la congresista del grupo parlamentario de MORENA argumentó la necesidad de reforzar y mejorar la labor gubernamental de los servidores públicos involucrados para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado el SEA.
Rocío Adame añadió que la Carta Magna, en su artículo 133, dispone que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del SEA, los entes públicos tienen la obligación de establecer y mantener condiciones que permitan el buen funcionamiento del Estado, así como la ética y responsabilidad en cada uno de los servidores públicos.
“En razón de lo anterior, consideramos necesario agregar a la normatividad estatal dos principios esenciales en materia de combate a la corrupción, siendo estos el de disciplina y el de rendición de cuentas”, dijo Adame Muñoz.
La legisladora rosaritense explicó que el concepto de disciplina en el servicio público se refiere a que los servidores públicos cumplan con sus deberes y obligaciones, y desempeñen su trabajo de manera ordenada, metódica y perseverante, con el objetivo de obtener los mejores resultados en el servicio que se ofrece al público, mientras que la rendición de cuentas implica que los servidores públicos asumen la responsabilidad frente a la sociedad y a las autoridades.
Esta noción se deriva del ejercicio de sus funciones y se manifiesta en la información, explicación y justificación de sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio de la ciudadanía, aseveró.
La diputada Rocío Adame agregó que estos principios guardan estrecha relación con el mandato de la Constitución de Baja California, en relación a que toda persona servidora pública, de cualquier naturaleza en la administración pública, estatal o municipal, es responsable de sus actos u omisiones en lo que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones.