Diputado Marco Blásquez será incluído en registro de agresores

• Pondera Consejería Jurídica del Estado la resolución de la Sala Superior del TEPJF que confirma la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara que determinó la existencia de violencia política en razón de género contra la gobernadora Marina del Pilar

MEXICALI, B.C., AGOSTO 16 DE 2023.- El Gobierno de Baja California, a través de la Consejería Jurídica del Estado, respalda la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), que determina la existencia de Violencia Política en Razón de Género (VPRG) en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, cometida por el diputado del Congreso de Baja California, Marco Antonio Blásquez Salinas.

A pesar de que el ciudadano presentó un recurso de impugnación de la medida determinada por parte de la Sala Guadalajara del TEPFJ, la Sala Superior ratifica la sentencia, al establecer que sí se presentó la violencia política en su modalidad de violencia simbólica.

Dichas manifestaciones de violencia se habrían realizado durante un programa televisivo denominado «Entre Columnas» de la cadena televisiva Primer Sistema de Noticias, en el que el diputado participó, por lo que la sentencia en su contra es ratificada, y, en consecuencia, la persona debe ser incluida en un registro de agresores, mismo que es de conocimiento público.

La Consejería Jurídica del Estado señala que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California (TJEBC) juzgó sin perspectiva de género de manera inicial y sin revisar la integridad de las expresiones del legislador.

El consejero jurídico del Estado, Juan José Pon Méndez, destacó la importancia de esta sentencia, ya que también sienta, de forma clara y precisa, un precedente para inhibir la enunciación desde espacios públicos de discursos que atenten contra la igualdad y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

El funcionario estatal resaltó la necesidad de que las y los servidores públicos se conduzcan conforme a derecho y no incurrir en manifestaciones violentas que pongan en riesgo la integridad de terceros o la estabilidad social del Estado.