Lanza CILA advertencia ante municipalización de las CESP en BC
Se pondrían en riesgo las finanzas de organismos, dice
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También pondría en peligro el abasto del vital líquido ante condiciones del Tratado
MEXICALI, B.C., OCT. 10 DE 2021.- Municipalizar los organismos del agua, debilitarían finanzas de los Ayuntamientos en lugar de fortalecerlas, especialmente en el caso de los municipios fronterizos, ya que se ponen en riesgo los compromisos de saneamiento internacional, advirtió la comisionada de la Sección México en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Adriana Reséndez Maldonado, en un documento dirigido al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien ha promovido la municipalización.
A través del Oficio número CEU/JUA/0934/2021, la funcionaria federal señala, a nombre de la institución: «como resultado del proceso de municipalización referido, hemos podido observar que en lugar de fortalecer las finanzas de los organismos operadores municipales. éstas se debilitan”.
Reséndez Maldonado expuso casos como el de Nogales, Sonora, que luego de la municipalización ha dejado de cubrir los costos del tratamiento de aguas residuales en la Planta Internacional de Nogales, Arizona. “Eso pasó porque en la municipalización no establecieron instrumentos para que se pudiera cumplir financieramente con esos compromisos internacionales”, alertó.
La funcionaria federal agregó que en el caso de la municipalización impulsada por Jaime Bonilla, tampoco se establecieron mecanismos para que el gobierno del Estado e incluso la Federación, pudieran apoyar a los municipios fronterizos, por lo que se refiere la importancia de que el proceso se lleve de manera adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos y revisiones que el caso requiere.
Por lo tanto, la CILA señaló que para municipalizar el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, es ineludible que «se lleve a cabo un análisis técnico y financiero, que permita asegurar que los municipios tienen la capacidad de hacerse cargo de los servicios y que además puedan preverse los instrumentos apropiados que les permita cumplir con los compromisos internacionales de atender los problemas de saneamiento fronterizo, conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944».
