Sancionará Ley la colocación de «narcomantas» en el Estado

• Cárcel para quien las elabore o las coloque, al incurrir en el delito de amenazas públicas; la penalidad se agravará si se realiza contra servidores públicos

MEXICALI, B.C., MAYO 05 DE 2022.- Con el objetivo de sancionar la modalidad del delito de amenazas públicas, así como agravar la penalidad cuando estas se realicen contra servidores públicos, la diputada Rosy García Zamarripa presentó iniciativa de reforma mediante la cual se adicionan diversos artículos al Código Penal del Estado de Baja California.
En su exposición de motivos, la legisladora independiente señaló que la seguridad pública en el Estado se muestra socavada todos los días y subrayó que quienes generan violencia y delincuencia, diversifican sus formas y medios para mantener condiciones que les beneficien para delinquir, en detrimento del orden, la paz y la seguridad de las personas que coexisten en sociedad.
La diputada García Zamarripa dijo que los medios de comunicación y autoridades han dado cuenta de un sinnúmero de acciones que exteriorizan amenazas públicas que advierten agresiones futuras hacia la integridad de las personas, especialmente en contra de quienes ostentan cargos gubernamentales con funciones de seguridad y procuración de justicia.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública de la XXIV Legislatura del Congreso del Estado aseguró que es necesario considerar la tipificación delictiva de las amenazas en materia de exteriorización pública, ya que buscan menoscabar el orden social establecido, generando pánico, inseguridad y miedo en la población.
Con la reforma, puntualizó, se plantea que cuando las amenazas se realicen públicamente, mediante la colocación de mantas, cartulinas, lonas, o por cualquier medio físico o electrónico, se le impondrán ala persona responsable de uno a tres años de prisión y multa por un importe equivalente de cuarenta a ciento veinte unidades de medida y actualización.
También se sancionará a quien elabore, imprima, fabrique, proporcione o coloque en lugares públicos cualquier objeto de los mencionados que contenga mensajes de amenazas, y se impondrá una pena de prisión mayor cuando las amenazas sean contra servidores públicos que laboren en dependencias estatales o municipales y realicen funciones de seguridad pública e impartición y procuración de justicia.
La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Justicia de la XXIV Legislatura para su respectivo análisis y posterior dictaminación.