Sancionarán a funcionarios que retrasen pagos a proveedores

• Presenta diputada Sánchez iniciativa de reforma a Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; busca al menor reducir dicha incidencia, dice

MEXICALI, B.C., ABRIL 06 DE 2022.- En comisiones del Congreso del Estado se está analizando una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Baja California, mediante la que se pretende sancionar a los servidores públicos que, por un mal desempeño o incumplimiento de sus funciones, ocasionen una falta de pago a los proveedores de las instituciones públicas, interviniendo en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, que deriven en una falta de cumplimiento de los términos y condiciones para cubrir las contraprestaciones pactadas en los contratos previamente celebrados.

Se trata de una modificación al Artículo 49 de la citada norma, misma que fue propuesta por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, en una iniciativa que presentó a través de Oficialía de Partes pero de la que se dio cuenta a la asamblea en la pasada sesión ordinaria de Pleno de los diputados locales.

En la propuesta se destaca que la falta de pago de las instituciones gubernamentales a sus proveedores, se debe a diversos factores, pero advierte la importancia de que se establezcan en las leyes las condiciones necesarias para que ese tipo de situaciones disminuya y no afecte las relaciones que tiene el gobierno estatal con los particulares.

El incumplimiento, por retraso o falta de pago a proveedores por parte de cualquier entidad centralizada o paraestatal del gobierno del Estado, aseveró la inicialista, es una circunstancia que implica un grave daño a las finanzas públicas, debido a sus limitaciones de tesorería y dependencia de un crédito, así como la de los particulares.

Además, agregó la diputada Evelyn Sánchez, el incumplimiento de las contraprestaciones pactadas en los contratos celebrados al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, deja la posibilidad de que los proveedores accionen medidas judiciales a través de la interposición de juicios en la vía civil y mercantil, lo cual implica que se tengan que asignar recursos humanos y financieros para la contestación de los mencionados medios de defensa, además de traer consigo falta de credibilidad y confianza en las instituciones públicas.

La legisladora aseguró que en el periodo de 2020 a 2021, se recibieron diversas quejas y denuncias presentadas por proveedores de instituciones públicas alegando falta de pagos, por lo que señaló la necesidad de legislar para regular la actividad mercantil, ya que por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica y aclara a la sociedad sus acciones y con esta reforma se estaría aceptando su responsabilidad y aplicando sanciones previstas en el artículo 75 de la misma Ley.