Asciende a 220 mdp deuda de CEA a la CFE

• Corte de “luz” al acueducto fue por cuentas vencidas por 163 mdp; el litigio lo resolverá la CRE pero es un hecho que “herederarán” deuda a gobierno de Marina del Pilar, confiesa titular de la SEPROA en su comparecencia ante el Congreso

POR ALBERTO VALDEZ/EXPRESSOBC

MEXICALI, B.C., OCT. 08 DE 2021.- La deuda real que tiene la Comisión Estatal del Agua (CEA) por consumo eléctrico del acueducto Río Colorad-Tijuana, asciende a 220 millones de pesos y no son sólo los 163 millones de pesos por los que se le cortó el servicio, sobre los que ambas partes tuvieron un “acuerdo verbal” que se tradujo en un convenio para pagarlo en “abonos” semanales, lo que permitió que se reconectara el servicio ayer jueves.
Lo anterior quedó de manifiesto durante la comparecencia que tuvo el titular de la Secretaría para el Manejo y Protección del Agua (SEPROA), Luis Salomón Faz Apodaca, ante el Pleno del Congreso del Estado la mañana de este viernes, que, a propuesta de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputada Rocío Adame, le llamó a cuentas para que ofreciera una explicación sobre dicho incidente que dejó sin el bombeo de agua a la zona costa durante tres días.
La sesión, se realizó sin formalidades y con la asistencia de 14 de los 25 diputados que integran la XXIV Legislatura y fue presidida por el diputado Juan Manuel Molina García, tuvo duración de poco menos de dos horas en las que el funcionario dio primero una muy breve exposición y posteriormente respondió a cuestionamientos de los legisladores presentes.
En la exposición, Faz Apodaca habló primero de un acuerdo verbal y luego aclaró que éste se formalizó ayer jueves con la firma de un convenio. En el mismo acto, el presidente de la mesa directiva le solicitó la entrega de una copia de dicho documento, pero el titular de la SEPROA dijo no traerlo consigo. Ante ello, el legislador le ofreció la dirección del correo electrónico de la Presidencia del Congreso para que ordenara su envío, pero antes que concluyera la sesión, no lo había recibido, de lo que fue advertido el funcionario estatal.
Molina García advirtió que era indispensable conocer los términos de dicho convenio, pues le recordó que la Ley prohíbe a administraciones salientes (como la actual) contraer créditos o compromisos financieros durante los tres últimos meses de gestión.
Además, apuntó el legislador, tampoco pueden celebrar contratos que comprometan a la administración estatal más allá del término de gestión, si no es con la autorización previa del propio Congreso. Lo anterior, lo subrayó en virtud de las versiones del propio gobierno en el sentido de que, en dicho acuerdo, la misma CFE había “autorizado” facilitar el cambio de suministrador del servicio eléctrico y que éste ya lo estaría prestando la empresa E3 a partir de las próximas horas.
Sobre esto último, el compareciente aseguró que en ese caso únicamente se estaría haciendo efectivo un contrato que se hizo en el 2020 en el marco del acuerdo por el que se construiría la planta fotovoltaica que pretendía el gobierno de Jaime Bonilla y que, según declaraciones hechas ayer por la titular de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, no recibirá autorización.
A grandes rasgos, el funcionario dijo que el convenio que la CEA celebró con la CFE para que reanudara el servicio de energía eléctrica fue el de dar un anticipo por un monto de 20 millones de pesos y hacer pagos semanales por 10 millones de pesos hasta cubrir el adeudo rezagado de los 163 millones de pesos, en el transcurso del cual se espera que ya se tenga la resolución la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sobre la impugnación sobre supuestos cobros indebidos por un monto de 115 millones de pesos que alega la dependencia y que motivó el “corte”.
Destacó que en caso de que la CEA gane ese litigio, ese monto se descontaría al total del adeudo, por lo que su monto que quedará para cubrirse en la próxima administración, podrá ser entre 50 y 170 millones de pesos.
Sin embargo, Molina García y la propia presidenta de la JUCOPO, diputada Rocío Adame, insistieron en la necesidad de conocer físicamente los términos del convenio, al mismo tiempo que se le advirtió de manera reiterada al funcionario, que toda la información relacionada con el caso, fuera entregada a la comisión de entrega-recepción que está funcionando para la sucesión gubernamental.

Cabe hacer mención que, no obstante que fue citado para comparecer en sesión de Pleno para celebrarse a partir de las 11:00 horas, el funcionario estatal arribó al recinto parlamentario con aproximadamente una hora de anticipación, en la que concedió entrevistas a los representantes de los medios conforme los reporteros fueron llegando a las instalaciones, incluso tuvo que ser «cortado» por el presidente de la mesa directiva para iniciar los trabajos con poco más de media hora de retraso.